México vive la peor crisis que haya sufrido en muchas décadas. Y no se trata solamente de la destrucción progresiva de nuestra base productiva, provocada por la política económica fallida del actual gobierno,sino de la coexistencia de un conjunto de problemas que se relacionan entre sí de manera perversa y agudizan nuestra ya de por sí compleja realidad, a grado tal que puede poner en jaque la viabilidad del país como una sociedad democrática y con una mayor calidad de vida de su población.
El crecimiento de la economía mexicana durante los últimos 12 años ha sido apenas del 2.9%, un índice absolutamente insuficiente para superar la situación de pobreza en que vive más de la mitad de la población y para crear los empleos necesarios.
El mediocre crecimiento ha traído consigo, entre otros fenómenos, un proceso de desindustrialización creciente que se puede observar en una contracción del 3% en la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto nacional, y en un decrecimiento del total de la producción manufacturera que pasó de 5.4% en el 2001 a tan sólo un 0.7% en el 2010.
Nuestras capacidades productivas se están deteriorando por la ausencia de políticas públicas eficaces que nos permitan ser más competitivos en el mundo global. Estamos ante una desintegración de las cadenas productivas de la economía que genera muy graves problemas de desempleo, subempleo y, en general, falta de oportunidades.
En el año 2000 se registró una tasa de desocupación del 2.5% y, en términos absolutos, una cantidad de 999 mil desempleados; en el 2006 la tasa creció a 3.6% con 1 millón 378 mil desempleados; en 2010 la tasa se incrementó hasta el 5.6% y casi 2 millones 500 mil personas desempleadas. A esto habría que sumar los casi 20 millones de mexicanos que desempeñan un empleo de una baja calidad, y considerar además que existen alrededor de 7 millones de jóvenes “ninis”, que no tienen oportunidades para su desarrollo.
El deterioro de la bases de producción, el desempleo y subempleo se traducen en bajos niveles de vida y, de plano, en una mayor pobreza y desigualdad, condiciones que se agravan con la guerra absurda del gobierno panista contra el narcotráfico.
La “estrategia” de combate generalizado al narco ha obligado a los cárteles de la droga a dedicar un mayor porcentaje de sus ganancias en la adquisición de armamento y en el reclutamiento de miles de jóvenes para reforzar sus filas. Esta modalidad de guerra impuesta por el gobierno es la bisagra que articula el problema del desempleo y la falta de oportunidades con el crecimiento exponencial del crimen y la violencia: los cárteles se convierten en universos de oportunidades para los jóvenes que han visto canceladas sus posibilidades laborales y educativas pero que, sin embargo, tienen expectativas y aspiraciones de ascenso económico; aunque sepan que será por poco tiempo.
El fallido embate del gobierno contra el narco ha provocado una mayor violencia en todo el país –la trágica cifra de 43 mil ejecutados durante el sexenio es la evidencia más clara y brutal- y ha desatado ya un proceso acelerado de descomposición del tejido social, cuyas consecuencias serán aún más trágicas y cuyos efectos en la gobernabilidad y en la democracia son aún imprevisibles.
La guerra contra el narco, como prioridad por encima de la seguridad ciudadana, se ha convertido ya en un factor de destrucción de la planta productiva y de desaceleración de las economías regionales. ¿Cuántos inversionistas arriesgarán ya no sólo sus recursos económicos, sino también su vida en nuevos proyectos en un país que no puede garantizar ni siquiera la seguridad de sus ciudadanos?
Y lo anterior no es una especulación, ahí están los resultados de las recientes encuestas del Banco de México con los especialistas en economía del sector privado. En la penúltima encuesta la falta de seguridad pública ocupó el primer lugar en la preocupación de los inversionistas; y en la última encuesta este tema ocupó el segundo lugar, tan sólo porque la incertidumbre que provoca la situación actual de la economía mundial se colocó en primer término.
México se encuentra inmerso, por gracia y obra del gobierno panista, en una espiral de destrucción de su economía, de desempleo, de violencia, de descomposición del tejido social y de deterioro de las instituciones democráticas. Sin rumbo y en medio de la tormenta. Esto será la herencia y lo que distinga la gestión del gobierno panista.
Mucho quehacer tienen los diferentes actores políticos para, en una nueva relación con la ciudadanía, recomponer el pacto fundamental de nuestra sociedad, reorganizar el Estado y trazar un proyecto para rescatar y modernizar el país. En estas tareas, el PRI tiene una gran responsabilidad que debe asumir cabalmente.
