La Coalición, que tan factible es?

Analicemos, como lo que es, un proyecto legislativo: Para iniciar, el contexto en el cual se sitúa el tema, es lo de la crisis de gobernabilidad, junto con lo de representatividad de los partidos políticos. Por el lado de la gobernabilidad, la crisis es producto de un gobierno incapaz de llevar a cabo una política homogénea y ordenada, por un problema sistémico, por un lado, y fáctico, por el otro. Sistémico, en cuanto la Constitución asigna a ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, prerrogativas muy similares, que en lugar de favorecer la elaboración y ejecución de políticas públicas, las obstaculizan. Por otra parte, la no reelección de diputados y senadores ciertamente favorece políticas fragmentadas y de corto plazo. Fáctico, en cuanto la influencia de algunos gobernadores, de los grupos de presión empresariales y mediáticos, y de intereses particulares de algunos grupos de legisladores, distorsionan las políticas de gobierno para satisfacer los negocios y la mezquindad de intereses de unos cuantos. Por el lado de la representación, los partidos políticos han perdido su componente ideológica que caracterizaba su identidad política, al mismo tiempo que en muchos casos venden o intercambian al mejor postor las candidaturas de representación proporcional. Y por el lado de las candidaturas por mayoría, ya es simple y llanamente cuestión de negocio con el electorado y los grupos de presión. En este contexto, tratar el tema de la coalición nos obliga a ir más allá de la teoría y evaluar si realmente el mecanismo de las coaliciones puede ayudar solventar las dos problemáticas. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, en un régimen de gobierno como el actual, a mitad entre presidencialista y parlamentarista, el mecanismo de la coalición se aplicaría en el Congreso, y en ambas Cámaras, con el objeto de favorecer y promover la estabilidad de un gobierno emanado por una negociación entre el Presidente y algunos líderes de fracciones parlamentarias. Para ello, se necesitan de los candados constitucionales indispensables para garantizar los incentivos y los costos políticos en caso de romper la coalición. En este caso la reelección legislativa, entre otros mecanismos, propiciaría a que el electorado juzgara respecto a los resultados de un gobierno de este tipo. Por otra parte, las coaliciones tendrían que ser instrumentos para favorecer la implementación ordenada de programas de gobierno o de agendas legislativas. Para ello, se requiere de un espacio público de negociación y de concertación de intereses, que produzca una definición clara de una agenda legislativa y de un programa político, con sus prioridades, indicadores y responsables, lo cual podría limitar, en parte, el efecto distorsionante de los grupos de presión. Finalmente, no nos hagamos ilusiones, la coalición favorece y promueve la repartición de puestos en el gobierno entre los grupos afiliados al Presidente y los vinculados a los líderes de las corrientes parlamentarias. En este caso, la lógica diría que la repartición de las carteras secretariales tendría que seguir la definida en la agenda programática del gobierno de coalición. En el sentido de que cada grupo tendría la responsabilidad de una parte de la política gubernamental. El nombramiento de los Secretarios de Estado debería ser una facultad compartida entre Congreso y Presidencia. De ende, se pondría a escrutinio público las capacidades y experiencias de los Secretarios para llevar a cabo la agenda programática. Sin embargo, en realidad, los Secretarios, ahora, tendrán que responder a los intereses de los líderes de cada grupo que constituye la coalición, produciendo los que podríamos definir un “gobierno compartido”, en donde las decisiones no las toman los Secretarios, sino el Presidente en conjunto con los líderes de las corrientes parlamentarias. Desde el punto de vista de la representación, un gobierno de coalición promovería antes que todo un control estricto, en un nivel mayor al actual, de los partidos, por parte de los líderes parlamentarios por un lado, y por el Presidente por el otro. Los Secretarios de los Partidos tendrían que coincidir con los líderes de las fracciones parlamentarias para evitar conflictos internos que menoscabarían las negociaciones para la conformación de las coaliciones. Lo mismo tendría que acontecer por el lado del Presidente. Por otra parte, un gobierno de coalición, que no haya sido el producto de una coalición electoral, no tendría la misma fuerza, ni legitimidad frente al electorado. La coincidencia actual, entre elecciones presidenciales y del Congreso facilitaría la creación de coaliciones político-electorales, así como las elecciones de medio término servirían como mecanismos de refrendo o castigo de su desempeño gubernamental. Vincular las coaliciones electorales con las gubernamentales serviría también para fortalecer los incentivos y los costos políticos (elecciones extraordinarias) para romperlas. Con ello, no se terminaría con el actual comercio de escaños parlamentarios, pero, por lo menos, se vincularía el desempeño legislativo del congresista, en el caso de pertenecer a una coalición ganadora, con su participación en la agenda programática. Resulta indispensable, para ello, una reforma electoral, junto a la reforma política, más amplia de la actual, para redefinir el espacio de la participación, y negociación, de los partidos políticos para la formación y promoción de coaliciones político-electorales. Finalmente, consideramos que un gobierno de coalición podría facilitar una mejor gobernabilidad de los órganos de gobierno (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo), así como una mayor transparencia, y de ende, responsabilidad, respecto la agenda legislativa y de programación política. Gracias.