LOS CICLOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 2012

El próximo 15 de febrero concluye el periodo de precampañas para dar lugar, en abril, a las campañas en su expresión formal. ¿Qué harán los candidatos presidenciales y los partidos durante 45 días de espera? ¿Qué les permite y qué les impide hacer la ley? Lo único cierto es que nuevamente ingresaremos a un periodo de debate sobre los límites del quehacer de los candidatos y del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación. ¿Podrán convocar a eventos con sus estructuras partidistas? ¿Cómo asegurar que partidos que tienen una membresía muy amplia sean los únicos que concurran a dichos eventos? ¿Podrán realizar entrevistas o incluso debates? Se supone que la publicidad de radio y tv debe limitarse a las autoridades electorales, pero sería deseable que éstas, en lugar de sumarse al fastidio de la propaganda de partidos y candidatos, difundieran mensajes que informen y alienten la participación; sería ideal que el IFE, el Tribunal, la Fepade y los órganos electorales locales estrenaran una nueva forma de comunicación política inspirada en la inteligencia del elector, una nueva forma de comunicación que considere al ciudadano como un actor que razona y que demanda información sobre el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Por lo pronto, durante un mes y medio, el proceso electoral de 2012 habrá de transitar por un nuevo periodo de incertidumbre. La lista de pendientes es larga: los partidos procederán a seleccionar a sus candidatos a senadores y diputados federales, así como los correspondientes a los comicios de Ejecutivo local en seis entidades y a las elecciones intermedias en otras seis. El calendario político electoral habrá de continuar. El nuevo ciclo de la contienda electoral deberá servir a los partidos y a sus candidatos para preparase en serio ante el desafío que se avecina. Desde ahora es evidente que la incertidumbre acerca del resultado final de la elección es una hipótesis sobre la que todos deben trabajar. La confianza puede ser desastrosa, lo mismo que el fatalismo. En este mismo contexto es necesario mejorar el diálogo y el encuentro del gobierno federal con los gobiernos subnacionales para hacer un compromiso conjunto por la imparcialidad. Por su parte, el IFE debe enriquecer y ampliar su relación con los partidos, con los candidatos y, en especial, con la industria de la radio y tv. El próximo 30 de marzo inicia la contienda. Serán comicios muy competidos, con resultados inciertos, y quedará en manos de los partidos, candidatos y gobierno federal la misión de hacerlos ejemplares y convertirlos en un punto de quiebre que retome lo mejor de las últimas décadas de la transición democrática. En los ritmos de la campaña actual, el sentido común debe determinar el acento, y la urbanidad política, el compás; sólo así conseguiremos una melodiosa atmósfera poselectoral, muy necesaria para poder impulsar el crecimiento en México.

LA CAMPAÑA NEGRA DE FELIPE CALDERON

Es preocupante que en medio de la actividad de las campañas y los periodos de inactividad de candidatos, se generen filtraciones de autoridades por supuestos actos ilegales de personajes asociados a los partidos. La justicia tiene sus propios tiempos y procedimientos y nadie está solicitando que estos se detengan para beneficiar a los ex funcionarios investigados, pero no es aceptable que documentos o información salvaguardada como secreta repentinamente cobren expresión en los medios públicos. Esta forma de interferencia en la elección, insisto, no sólo daña a los comicios, también a las instituciones y a la relación futura entre ganadores y perdedores. La competencia electoral no debe cimentarse en un trabajo sucio que proviene de las mismas autoridades. Urge un alto en el camino. Casos judiciales recientes de gran impacto han mostrado que es posible causar daño irreparable a personas o instituciones, aun sin haberse llegado a la última consecuencia de la sentencia condenatoria. Es explicable que los medios recojan, difundan y comenten denuncias, lo que resulta inaceptable es que después de todo el perjuicio ocasionado, las autoridades concluyan con la incapacidad para sustanciar y probar sus señalamientos. Como comentamos en este espacio la semana pasada, las circunstancias y la vida democrática demandan que el Congreso llame la atención al Ejecutivo. La competencia no debe cimentarse en un trabajo sucio que proviene de las mismas autoridades. Casos judiciales recientes de gran impacto han mostrado que es posible causar daño irreparable a personas o instituciones. Y es inaceptable que después de todo el perjuicio, esas autoridades concluyan con la incapacidad para probar sus señalamientos. Urge llamar la atención al Ejecutivo y modificar la Ley