Hoy la comunidad internacional exige a los gobiernos locales una renovación de sus políticas de asistencia social para evitar caer en programas asistencialistas que dan una despensa, pero no solucionan el problema de la nutrición, que otorgan una beca, pero no garantizan que el alumno termine plenamente su educación, que entregan muletas, sillas de ruedas o aparatos auditivos, pero no impulsan esquemas de rehabilitación para insertarlos a un ámbito productivo, que ante la violencia hacia las mujeres sólo se les apoya curando sus heridas con atención médica y, en el mejor de los casos, ayudándoles a interponer una denuncia pero no se les empodera para afianzar su dignidad y potenciar sus habilidades para vivir de forma independiente y en entornos de paz para la víctima y sus hijos.
En México, la política de asistencia social se coordina a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por ello, en cada entidad federativa y en cada municipio existe un DIF que, entre sus diversas funciones, impulsa políticas y programas de apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad como pueden ser: niños, niñas y adolescentes; mujeres; adultos mayores y personas con discapacidad.
Los problemas que enfrenta nuestra sociedad actual son diversos y, por ello, el sistema de asistencia social tiene grandes retos que le plantea el cómo enfrentar la obesidad y la desnutrición; cómo evitar que los niños dejen sus estudios; los riesgos psicosociales que acechan a niñas, niños y adolescentes; la drogadicción; el abuso y explotación sexual, embarazos tempranos, el abandono de adultos mayores o de personas con alguna discapacidad, etc.
Por estas razones a nivel nacional, existe la urgente necesidad de actualizar los marcos normativos y redefinir las políticas públicas para ofrecer una estrategia de asistencia social con una visión de integralidad hacia la población con alguna desventaja.
En definitiva no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, por el contrario, se trata de que se potencie y robustezca el Sistema Nacional desde los municipios y las entidades de la República. Se trata, desde mi punto de vista, de trabajar para cumplir con los grandes lineamientos internacionales y para ello considero que hay que transitar sobre 4 grandes rutas: una que tiene que ver con la definición de estructuras de Estado que, entre sus facultades y funciones, permitan garantizar la protección de los derechos de la familia; una segunda, con la integración de una amplia agenda legislativa y reglamentaria que asegure un sistema de justicia sensible a las necesidades de las familias; la tercera, en la definición de políticas públicas transversales para que los gobiernos prevean, de manera efectiva, los servicios que se requieren para proteger y garantizar el disfrute de sus derechos y, la cuarta, que tiene que ver con el desarrollo comunitario y donde es necesario coordinarse permanentemente con los organismos de la sociedad civil para, con su apoyo, ampliar las capacidades de cobertura que en ocasiones son limitadas para el gobierno. En suma, el asunto es consolidar un sistema en donde cada una de las partes abone, con su trabajo y cumplimiento de sus funciones, a consolidar un esquema de protección de derechos.
Esto que les comento permitirá definir claramente una política de estado a favor de la protección de derechos de la familia. , hacen propicio que avancemos para dar los pasos necesarios hacia la consolidación del enfoque de protección de derechos al vincular el esfuerzo de los tres poderes del estado hacia el logro de este fin y más aún, promover que todas las tareas de asistencia social que el gobierno promueva sean compartidas, alentadas y fortalecidas por los sectores social y privado.
Siempre he sostenido que la familia, por ser el primer espacio de socialización de las personas, es la base sobre la que se construye nuestra sociedad. Es desde el núcleo familiar donde se generan y transmiten los valores y pautas de conducta con que nos relacionaremos con los demás durante toda nuestra vida, por eso me parece muy importante considerar un cambio de paradigma que, como ya les comentaba, se está dando no sólo en México, sino a nivel internacional en el sentido de considerar los derechos de la familia y de cada integrante de la sociedad, como agentes preventivos de muchos padecimientos sociales, tales como la violencia y la delincuencia.
Por estas razones, tal vez coincidan conmigo, el gasto que se hace en el desarrollo familiar no es tal, es una inversión a mediano y largo plazo, porque si le invertimos a la familia vamos a cambiar desde ahí los patrones de conducta que luego se pueden convertir en algún problema de tipo social...que opinan?
